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Rey -
La
monarquía es el régimen que mejor se acomoda a la esencia del poder
político por sus características de unidad, continuidad e
independencia, y para Chile, es la que legitimó su
nacionalidad, trayendo durante su período de conquista, los
conocimientos para su progreso económico, intelectual,
cultural, artístico, literario y científico, y la concesión de
mayor relevancia que se hizo en aquel período, fue la evangelización
a través de la entrega de las órdenes mendicantes abriendo el
camino a su cristianización, engrandeciéndose el reino, a
diferencia con su marcado retroceso durante el período pre-hispánico
y decadencia en su nuevo período de independencia. Se adapta mejor a
su idiosincrasia manifestada por su historia.
El
concepto de monarquía va unido al de su legitimidad, pero la
vacancia actual en la Dinastía carlista no puede hacer variar al
tradicionalismo de sus convicciones monárquicas.
En
la monarquía, el rey es el depositario de la soberanía política
del Estado; pero el calificativo tradicional que se le une, significa
que, el poder que ostenta está limitado por arriba, por las leyes
naturales y divinas que no puede traspasar, y por abajo, por la
soberanía social que las Cortes representan.
El
ejercicio de la soberanía política se distribuye en tres funciones
independientes entre sí, pero coordinadas en su titular, el rey: la
legislativa, la judicial y la de gobierno o administración.
La
función legislativa la ejerce el rey con la asistencia de las
Cortes. La composición de Estas plantea el problema de la
representación social en las mismas.
Por
principio la representación no puede ser por partidos porque éstos
no reflejan la estructura social sino los intereses políticos de los
grupos que buscan el acceso al gobierno y lo que las Cortes
significan es precisamente la contraposición de la sociedad al
poder, para que las leyes que se dicten y que aquella tiene que
cumplir lo sean con su colaboración y conformidad.
La
representación será pues de aquellas asociaciones y corporaciones
(territoriales e institucionales principalmente) en las que la
sociedad se organiza espontáneamente en su variedad y que expresan
la vivencia de los problemas que la ley debe regular o dar solución
en su caso.
La
función judicial se ejercita en nombre del rey, pero se aplica, por
su carácter eminentemente jurídico, por un cuerpo de magistrados,
peritos en derecho, que una vez nombrados se independizan hasta el
punto de dirimir las contiendas que surjan con el mismo rey, sujeto a
la ley igual que sus súbditos.
Se suprime el ministerio de justicia, para asegurar la total
imparcialidad de la función.
La
función administrativa (la llamada ejecutiva en el sistema liberal)
se lleva a cabo por el gobierno, cuyo presidente es libremente
elegido y depuesto por el rey, no necesitando sus decretos llevar la
firma regia.
La
labor administrativa es la diaria de gobierno de la nación, sobre la
que no puede trazarse una trayectoria predeterminada y su iniciativa
o respuesta corresponde a la coyuntura circunstancial del momento,
dentro del cuadro constitucional y del propósito del bien común de
los administrados.
El
gobierno se distribuye en ministerios especializados, cuyos miembros
designa el presidente y para cuyas decisiones básicas se necesita el
informe preceptivo de los diferentes consejos, según la distribución
de competencias.
Al
rey le corresponde la dirección de la alta política nacional y el
mantenimiento del esquema constitucional de Dios, Patria, Fueros,
Rey, que es por su propia enunciación inalterable. Está asistido de
un consejo real y puede llamar a consulta a los presidentes de las
cortes, de la justicia y del gobierno. Si el rey es el que se desvía
del ideario indicado, decae de su soberanía y surge en el pueblo el
derecho de rebeldía.
Chile al no tener una sucesión dinástica, no puede establecer un gobierno de excelencia en su estabilidad y continuidad política por este cauce ; sin embargo puede buscar su mejor forma de gobernabilidad eligiendo a sus mejores autoridades competentes, a ejemplo de lo que fueron los Reyes Católicos, que entregaron orden, prosperidad, paz social y un acatamiento a las leyes, en contraposición al caos que vive Chile, como consecuencia del envenenamiento moral que han dejado al país los partidos políticos, los que deben ser abolidos del orden constitucional. De lo contrario no habrá un verdadero reencuentro del pueblo chileno.
ResponderEliminarEl gobernante haría las veces del Rey en la política chilena.